Para el Convenio, fue de particular relevancia los conflictos socio ambientales y políticos detectados en el departamento de Nariño. El macizo ha sido parte de los escenarios del conflicto armado interno desde hace casi tres décadas, cuenta con más de 400.000 víctimas, y ocupa el primer lugar a nivel nacional en cultivos de uso ilícito.
Pero además, es importante comprender que el conflicto de este territorio está atravesado por causas estructurales, de tipo económico, social, cultural, ambiental, y político, dificultando la restitución de derechos en un horizonte de postacuerdo.
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Para las comunidades campesinas la problemática social, el conflicto armado, las grandes multinacionales con políticas estatales, sumado al problema de tenencia de tierra han sido determinantes para que no haya sido posible una paz integral en el territorio.
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Además, la región ha atravesado transformaciones significativas en el sector rural. La agro industria transgénica y la explotación minera están generando un impacto ambiental en los ecosistemas y en la calidad de las fuentes hídricas que están acabando con la economía campesina.
La organización de la comunidad ha sido la única garantía para la defensa del territorio y de la vida campesina, como lo han demostrado los campesinos del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) en el norte de Nariño.
