Los movimientos sociales y organizativos están compuestos por hombres y mujeres que ven la necesidad de comenzar a caminar en pro de un cambio y una mejora en su calidad de vida.  Sin embargo, la participación de las mujeres a veces no es fácil en los territorios.

La igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres es un símbolo de la salud en una sociedad que busca una un reparto equitativo del poder por medio del consenso, la aceptación de la pluralidad, y del diálogo como principal mecanismo de resolución de conflictos. 

La situación de las mujeres rurales implica contemplar la realidad del país en el marco del movimiento campesino e indígena. Si bien existe una situación problemática con lo rural en el país, las mujeres son quienes llevan la peor parte.

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El tema de la concentración de la tierra y de los recursos por parte de las empresas privadas y de los hombres, hace que la lucha de las mujeres rurales por conseguir el acceso a la tierra sea aún más difícil. El conflicto armado, el desplazamiento y la cultura machista hacen que las mujeres no estén seguras y sean más vulnerables a sufrir violencia de género. 

 

Sin lugar a dudas, la mujer ha venido participando en forma creciente en la lucha por las grandes reivindicaciones del campesinado. Ellas han sido quienes han puesto en marcha muchas de las propuestas y soluciones al problema del campo en Colombia. Pero también han sido clave para el macizo andino nariñense en la lucha por las semillas y la tierra se ha convertido en la lucha por la soberanía alimentaria, así como por los elementos básicos de la vida. Ellas han sido quienes recolectan y protegen las semillas, mejorando su diversidad y su adaptabilidad.

Cada vez más mujeres rurales participan en los movimientos sociales y organizaciones populares; pero ellas revindican la creación de espacios propios como una necesidad imperante. 

Frente al anterior escenario, el Convenio contribuyó al fortalecimiento de la capacidad organizativa de las mujeres rurales en el territorio; creando estrategias que contribuyeron a la disminución de las brechas de género, posibilitando espacios de participación para la construcción de paz, la reducción de la violencia de género, el fortalecimiento en los liderazgos, y la búsqueda de la autonomía económica y alimentaria de las mujeres.

 

Estas apuestas de transformación de las vida, hacen parte, además, de las proyecciones que debe tener un gobierno para la construcción de una política pública de mujeres rurales que permitan: 1. mayor acceso a recursos para mejorar la producción y la asociatividad de las mujeres rurales con el fin de facilitar su inserción en las cadenas productivas; 2. equidad en la participación de los espacios de formulación y ejecución de la política pública del sector productivo rural; y 3. equidad en el acceso a tierras y mejora de las condiciones laborales en el sector rural para las mujeres.

Iniciativas como la “Mujer maciceña” o las “Escuelas Agroambientales” han impulsado a más mujeres a organizarse, fortalecer su liderazgo e incidir en los espacios de toma de decisión. La base de esta apuesta es la construcción de paz local a través del afianzamiento de la autonomía campesina, consolidando los planes de vida que favorecen la vida digna, la producción limpia, la biodiversidad, la protección ambiental y el buen vivir.

Por eso desde el Convenio se buscó reconocer el aporte de la mujer, garantizar sus derechos, fomentar el liderazgo y poder vivir dignamente en sus territorios. Las mujeres como constructoras de paz han logrado transformaciones desde lo privado a lo público.